“Era un mocetón de unos treinta años, robusto, de pálida tez, barba rojiza y cabellos negros. Las cejas eran también negras; los ojos se hundían en las órbitas, como si la mirada hubiera querido esconderse. Bajo uno de los ojos corría una profunda cicatriz, que desaparecía en la barba”. Así describe el premio Nobel de Literatura sueco Pär Lagerkvist -en su novela más famosa- al bandido Barrabás, liberado por las autoridades judías del siglo I a raíz de la ejecución de Jesucristo.

Sabemos por el Nuevo Testamento que la tradición exigía al Gobernador de Judea, entonces Poncio Pilato, que indultara en Pascua -por aclamación popular- a un condenado a muerte. A la muchedumbre reunida frente al Palacio del Gobernador se le dio, en aquel infausto año, la alternativa de liberar a Jesús o a Barrabás. Y como ya entonces se solía votar a la contra -según afortunada expresión de Jorge Bustos, en artículo memorable que escribió hace tiempo sobre el famoso indultado- votaron condenar a Jesús liberando a Barrabás, encarcelado por una “sedición ocurrida en la ciudad”, según relatan los Evangelios de Marcos y Lucas.

Dos mil años después de los hechos anteriores, encontramos otro indulto de sediciosos puesto sobre la mesa de un gobernante. Que exhibe, además, una moral tan laxa como la de Poncio Pilato. Se trata de Pedro Sánchez, que maquina hacer a Felipe VI este regalo envenenado, ya que -según el artículo 62.i de nuestra Constitución- corresponde al Rey ”ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley, que no podrá autorizar indultos generales”. Por ello, el Monarca deberá sancionar con su firma ese indulto a los líderes del procés que el Gobierno lleva meses cocinando, contando con Miquel Iceta como Masterchef principal.

Sobre el indulto de Junqueras y compañía se han escrito, en los últimos tiempos, ríos de tinta. Con un abanico de argumentos que van desde el estricto análisis jurídico a consideraciones más políticas y oportunistas. Cuando los propios Fiscales del procedimiento, seguido ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, publicaron su informe contrario a la concesión de la medida de gracia se puso ya en marcha -desde las terminales mediáticas afines al Gobierno y desde el entorno de los separatistas catalanes- todo un despliegue argumental para descalificar al Ministerio Público y legitimar la actuación discrecional del Ejecutivo en este delicado asunto.

No les repetiré aquí los prolijos argumentos de uno y otro lado, que habrán conocido ya por infinidad de artículos y comentarios. Comprendo que navegamos en las revueltas aguas que separan los intereses políticos del respeto a la Ley. Pero prescindir absolutamente de las normas -atendiendo sólo al interés de los gobernantes- es una práctica alarmante, que nos acerca a la peligrosa frontera del totalitarismo. Aunque ahora diga lastimeramente Iván Redondo que por Sánchez “se tiraría por un barranco”. Que se tire él si quiere, sin arrastrar detrás a los españoles. Porque los indultos, invasiones excepcionales del poder ejecutivo en el judicial, pretenden reinsertar a arrepentidos pero nunca reforzar a delincuentes.

Desde un punto de vista jurídico, como destacó Javier Melero -el brillante abogado defensor de Joaquim Forn y Meritxell Borràs– no corresponde a la Fiscalía ni al Tribunal Supremo el ejercicio de las medidas de gracia. Por ello, su doble informe negativo (el Supremo las ha calificado de “inaceptables”) no resulta vinculante para el Gobierno, aunque prescindir de su criterio resulta algo insólito. Y nadie puede negar que sus argumentos están bien fundamentados: según nuestra legislación, el indulto supone un perdón individual -a petición expresa del reo- que debe ir unido a su arrepentimiento, porque la Constitución prohíbe expresamente la concesión de indultos generales. Pero aquí no existe ni petición ni arrepentimiento, sino una amenaza inequívoca de que “ho tornarem a fer”. Tampoco parece que la gracia vaya a otorgarse a un solo individuo, sino a todos los sediciosos encarcelados, de quienes depende la estabilidad del propio Gobierno. Por ello el Supremo lo califica de “autoindulto”, modalidad prohibida por la Ley. El desprecio de todas las normas legales parece evidente en las intenciones de Pedro Sánchez, quien demuestra habitualmente tanto respeto por la Ley como yo por el horóscopo del Pronto.

Luego vienen los argumentos políticos, entreverados de llamativos lametazos al poder. Al estatal y al autonómico catalán, que ambos recompensan con generosas subvenciones las sonoras lealtades mediáticas. De este tipo de disertaciones pueden ustedes encontrar bastantes. Algunos censuran a la Fiscalía o al Supremo el querer establecer una especie de “Gobierno de los Jueces”, que pretendiera decir al Gobierno del Estado lo que tiene que hacer (como hizo Jordi Amat, en La Vanguardia). Otros analistas, como Lola García, destacaron los aspectos políticos de la cuestión sobre la base de la expresión del Ministro José Luis Ábalos “tenemos la obligación moral de aliviar tensiones” (frase que no deja de tener su gracia en un tipo con semejante finezza intelectual, e incluso anatómica). Y todos remarcan, con acierto, que el indulto es una medida discrecional que permite a los Gobiernos corregir las medidas no deseadas que haya tenido para la sociedad una sentencia judicial.

Pero aquí llega el quid de la cuestión. El indulto de quienes han cometido uno de los más graves delitos contra el orden constitucional, concedido contra la opinión de la Fiscalía y del propio Tribunal sentenciador ¿es conveniente para los intereses de nuestra sociedad? ¿Constituye un buen ejemplo para el futuro indultar a políticos que han pretendido independizar unilateralmente una parte de España, y además amenazan con repetirlo? ¿O sólo es útil para Sánchez?

Porque supongo que tienen ustedes claras dos cosas: una, que algún día habrá que solucionar de forma pactada el problema de Cataluña, aunque deberá hacerse con amplio consenso, sin urgencias coyunturales y atendiendo al interés general; y otra, que la única razón que justifica un indulto precipitado a Barrabás y sus secuaces no es una vieja tradición, ni el interés del pueblo elegido, ni tampoco evitar “revanchas”. Es la simple permanencia en el sillón de Poncio Pilato.

Por Álvaro Delgado Truyols