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Cualquier persona que haya tramitado en los últimos tiempos algún asunto ante las Administraciones públicas, especialmente después de la pandemia, habrá comprobado en carne propia la pesadilla que ello representa. Nuestras actuales Administraciones, concebidas originariamente para servir a los ciudadanos y financiadas religiosamente por éstos, parecen hoy organizadas para darse servicio a sí mismas. Trámites que no acaban, demoras injustificables en miles de expedientes, mostradores y funcionarios que nunca atienden, horarios cada vez más limitados, exigencias de cita previa en oficinas vacías, sobrecarga de personas y departamentos, y multiplicidad de organismos, cargos y funciones son algunas de las características que podemos comprobar tras realizar cualquier trámite administrativo.
El veterano periodista Miguel Ángel Aguilar recordaba recientemente, en una columna publicada en Vozpópuli, que el colaborador de prensa y radio Víctor Márquez Reviriego, legendario redactor jefe del semanario Triunfo y gran cronista político de nuestra Transición, decía que “en España siempre ha habido mucho antifranquista póstumo”.
El genial Edgar Allan Poe describió en “La caída de la casa Usher”, con intenso barroquismo y múltiples recursos estilísticos, el declive vital de un excéntrico artista recluido en un viejo caserón con la única compañía de una hermana igualmente delicada de salud. Esa conocida narración representa una alegoría de la decadencia, la enfermedad y la muerte que concluye con un desenlace impactante, constituyendo un precedente magistral de otras obras literarias y cinematográficas del género de terror.
El 2026 ha comenzado informativamente intenso con la captura de Nicolás Maduro por un comando norteamericano el pasado día 3 de enero en Caracas. Aunque es demasiado pronto para valorar las consecuencias de la aprehensión del dictador venezolano, considero oportuno destacar algunos hechos que llaman bastante la atención entre lo comentado por la opinión pública.
Hace poco más de un año publiqué en este digital una columna de opinión titulada “El luminoso ejemplo de Chile”. En ella loaba el ejemplo dado al mundo por los políticos chilenos tras el fallecimiento -en desgraciado accidente de helicóptero- del expresidente centroderechista Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), cuyo funeral de Estado generó -además de desbordantes muestras de cariño popular- una demostración modélica de reconciliación política nacional con la presencia junto al féretro de todos los ex presidentes vivos (a excepción del enfermo Ricardo Lagos).
Vivimos una época desconcertante en la que los principios que guiaron la vida de muchos ciudadanos se han ido desvaneciendo (respeto, trabajo, perseverancia, esfuerzo, paciencia, mérito, educación, valores) y en la que nuestro país ha experimentado una sorprendente doble colonización: por un lado, la política ha colonizado todos los aspectos de la vida de los españoles y, por otro, unos parásitos carentes de moral han colonizado -con escasas excepciones- la política española.
España afronta el final de 2025 en momento crítico de deterioro institucional. Con un gobierno sin mayoría para legislar y que no puede aprobar presupuestos desde 2023, con un presidente acosado familiar y personalmente por múltiples casos de corrupción y machismo, con un fiscal general condenado por el Tribunal Supremo por participar ilegalmente en la refriega política, con unos socios de investidura que tratan de prolongar la agonía gubernamental saqueando lo que queda de España, y con las principales instituciones del Estado colonizadas por esbirros del poder nuestros niveles de calidad democrática se encuentran en el punto de mayor deterioro conocido desde la instauración del régimen constitucional.
El nutrido equipo de opinión sincronizada al servicio del Gobierno viene difundiendo un tendencioso mensaje desde que se conoció la condena penal al fiscal general del Estado. Mensaje que sugiere una confrontación entre dos supuestos bandos muy definidos en el complejo mundo de nuestra Justicia: los “buenos” fiscales progresistas y los “malos” jueces franquistas.
El catedrático de economía en Pennsylvania Jesús Fernández-Villaverde, uno de los intelectuales españoles mundialmente reconocidos, ha divulgado esta pasada semana un estudio electoral en el que analiza todas las encuestas nacionales y autonómicas publicadas en España en el último mes. Y las conclusiones demoscópicas que extrae son las siguientes: que PP y PSOE están prácticamente empatados en votos (unos 7,5 millones), con ventaja del PP por aplicación de la Ley electoral, que le proporciona más escaños (unos 130 frente a 110); que Vox crece en votos de forma considerable (sobrepasa los 5 millones), superando los 70 escaños y siendo el partido más votado entre los menores de 60 años; que la suma de PP y Vox puede acercarse a 200 diputados, muy superior a la mayoría necesaria para gobernar (176); que Vox destaca entre los votantes de menor renta (la clase trabajadora) desplazando sorprendentemente a los partidos de la izquierda; y que, de mantenerse su actual progresión, Vox podría sobrepasar al PP en 2-4 años.
La izquierda española es una consumada especialista en manipular a los muertos. Lleva desde que apareció Zapatero intentando rematar a Franco, hoy cincuenta años después de que muriera de viejo en la cama. Lleva ya bastantes décadas arrojando contra la oposición la memoria de la guerra, los huesos del dictador, el desastre del Prestige, las víctimas del 11-M, los muertos de la pandemia, los ahogados por la Dana o los fallecidos en las residencias. Igual que llaman “homicida” en el parlamento a Mazón semanas después de presentar su dimisión. Quienes abandonaron miserablemente a las víctimas (“si necesitan ayuda, que la pidan”), y toda oposición a la dictadura en manos del viejo Partido Comunista, se muestran hoy muy valientes lanzando a la cara de sus rivales cadáveres diversos. Siempre se les ha dado mejor utilizar a los muertos que gobernar a los vivos.