Juan Luis Cebrián, ex director de El País, y Arcadi Espada, columnista de El Mundo, debatieron hace poco en la sede de The Objective sobre la crisis de la prensa, que hoy vive tiempos turbulentos. La revolución digital en la que estamos inmersos, aún más trascendente que la invención de la imprenta según opinó Cebrián, ha desencadenado una competencia torrencial de las redes sociales, de forma que los medios de comunicación han dejado de ser la principal fuente de información de las personas en el siglo XXI.

Ello está desplazando la mayor parte de los ingresos publicitarios a las compañías de internet, con consecuencias devastadoras que acarrean una grave precarización laboral en las redacciones de los medios tradicionales, de forma que hoy la mayoría de periodistas encajan como un guante en la calificación de mileuristas. Y ello influye en su aptitud laboral y en sus exigencias éticas, pues la mejor salida profesional que se les ofrece -y a donde aspiran a marcharse los más cualificados o ambiciosos- es trabajar en los gabinetes de comunicación de empresas o de las administraciones públicas, intentando muchos de ellos ir acumulando méritos para ello en sus medios.

La debacle publicitaria es de tal gravedad que ha motivado una demanda presentada por la Asociación de Medios de Información (que agrupa a 83 medios de comunicación españoles) contra Meta, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg propietaria de Facebook, Instagram o WhatsApp, por su reiterado y masivo incumplimiento de la normativa europea de protección de datos personales, pues a través de las visitas y los likes de sus usuarios rastrean -sin su consentimiento- sus preferencias personales para venderles contenidos publicitarios a través de una ventaja ilícitamente obtenida. El perjuicio así ocasionado lo cifran los demandantes en unos 550 millones de euros.

Si a ello incorporamos los efectos colaterales del deterioro moral que hoy exhibe la política española, y el ambiente enrarecido que se respira en una sociedad polarizada hasta extremos desconocidos desde hace décadas, tenemos montada la tormenta perfecta que está descuajeringando las antaño firmes cuadernas de la vieja profesión periodística.

Siendo muy preocupante todo lo anterior, pues la prensa se juega en los tiempos actuales gran parte de su credibilidad futura y de su irreemplazable función de “cuarto poder” -con la sagrada misión de controlar y denunciar los abusos de los otros tres-, es en el actual periodismo “dopado”, el que se ejerce bajo el camuflado calor presupuestario de alguna administración pública, donde radica el peligro mayor para la sana supervivencia de la profesión.

Al hablar de periodismo “dopado” no me refiero al de empleo directo, el de aquellos periodistas que trabajan contratados en el gabinete de algún líder o partido político -empleo legítimo y necesario sin duda alguna- sino al indirecto o encubierto, aquél en el que la influencia partidista queda oculta al lector, oyente o espectador, presentando caracteres más sibilinos.

Hoy bastantes medios tradicionales de comunicación, a los que no alcanzan las ventas y los menguantes ingresos publicitarios para pagar sus costes, viven angustiosamente de las subvenciones públicas, hecho que condiciona su línea editorial acomodándola al relato que más convenga a la administración pagadora. Mientras tanto una mayoría de ciudadanos, que ignora en qué menesteres gastan los políticos el dinero público, sigue confiando en la veracidad de los medios que le han acompañado durante toda su vida.

Urge abrir un gran debate social sobre los límites y la publicidad de las subvenciones a los medios. Para que cualquier usuario pueda conocer que, en lugar de su periódico de siempre, hoy está adquiriendo en el quiosco el Boletín Oficial del político de turno.

PUBLICADO EN MALLORCADIARIO.COM EL 08 DE ENERO DE 2024.

Por Álvaro Delgado Truyols