Nuestro actual poder legislativo, en la línea que nos marca el proceder general del tipo que preside el Gobierno de nuestro país, hace habitualmente su trabajo con trampas. La conocida aversión biológica de Pedro Sánchez a decir la verdad, puesta de manifiesto en infinidad de declaraciones públicas recogidas por la hemeroteca, la traslada también -cómo no- a la copiosa producción legislativa promovida por su turbulento gabinete Frankenstein.

En una magnífica tribuna publicada en el digital The Objective, el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra Benito Arruñada calificaba la frenética actividad parlamentaria del Gobierno actual como “propaganda legislativa”. Explicaba Arruñada que la producción legislativa promovida por el ejecutivo de Sánchez es copiosa y presenta una deplorable calidad técnica, destacando su abuso del decreto-ley (un procedimiento excepcional pensado para casos de urgencia, que se ha convertido en el modo legislativo habitual) para conseguir dos fines típicos del sanchismo: por un lado, evitar cualquier control previo, y por otro, eludir la posterior discusión parlamentaria. Respaldado directamente por sólo 120 escaños, Sánchez utiliza las Cortes como si fuera un autócrata, despreciando olímpicamente cualquier atisbo de respeto al principio democrático de la separación de poderes.

Otra de las características de las leyes recientes que también critica Arruñada es el abuso de los preámbulos y las “exposiciones de motivos”, que en algunas disposiciones legales han llegado a ocupar el 73% del total del texto publicado en el BOE. Para el citado catedrático, más que “exposiciones de motivos” muchos de esos farragosos textos introductorios son “exposiciones de deseos”, conteniendo desde afirmaciones prescindibles o inapropiadas hasta auténticas perogrulladas, e incluso críticas políticas a la oposición, cuando en la mayoría de los regímenes democráticos esos textos introductorios sólo se publican en los diarios de sesiones o en los boletines del Parlamento para facilitar las discusiones parlamentarias, pero nunca en el texto definitivo de la Ley.

Cree también Arruñada, apreciación que respaldo absolutamente, que esos delirantes textos preliminares -aparte de contravenir las directrices habituales de técnica normativa- causan importantes distorsiones en la práctica jurídica habitual, ya que muchos juristas españoles acaban valorando en sus escritos diarios dichas “exposiciones de motivos” como muletas y comodines interpretativos del propio texto legal para tratar de acomodar éste a sus particulares pretensiones argumentales cuando, en realidad, “la Ley debe caminar sin muletas”.

Todos estos trucos legislativos, e incluso algunos más, se han puesto de manifiesto en la proyectada Reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, que al Gobierno le ha dado por abordar en pleno verano con frenesí inusitado. Recurriendo también al decreto-ley para reducir sustancialmente los plazos y hurtar a la oposición cualquier debate parlamentario, la reforma contiene unas cuantas cargas de profundidad que algunos sesudos comentaristas se están encargando de analizar.

Ha comentado recientemente Luis Sánchez-Merlo que dicho proyecto legislativo, aparte de acudir al manido recurso del decreto-ley, ha eludido la solicitud de informe al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para tener un periodo de exposición pública que se ha mantenido abierto del 3 al 12 de agosto. Justo las fechas más apropiadas para que nadie se entere de nada. Considera Sánchez-Merlo que “este acortamiento de trámites y tiempos no es sino una forma raquera de eludir controles, establecidos de antemano para velar por la calidad normativa. Así los órganos consultivos (Consejo de Estado, Consejo de Transparencia, CGPJ…) no participan en la fiesta legislativa de la democracia: discutir, enmendar y aprobar las leyes, lo que añade polémica a la decisión y nubarrones al escenario”.

El meollo oculto de esta proyectada reforma legislativa, alimentado por las perentorias necesidades de acuerdos del precario Gobierno de Sánchez, está en el riesgo de que exista en España una política de “secretos oficiales fragmentados”, y que cualquier Gobierno autonómico controle los suyos, teniendo los Tribunales de Justicia que “pedir permiso” a cada Gobierno regional para toda investigación judicial sobre documentos que hayan sido clasificados. Resulta evidente, como comenta Sánchez-Merlo, que cualquier Gobierno autonómico de turno, declarando secretos los documentos que probarían los hechos, podrá impedir que políticos y funcionarios corruptos pero afines puedan ser juzgados y condenados. Una nueva e interesada llamada a la “desjudicialización” de la política que encubre intereses espurios.

En definitiva, por puras razones de conveniencia personal (su mera permanencia en el poder) y nada acordes con el interés general, Sánchez está dispuesto a permitir que -de entrada- los Gobiernos autonómicos catalán y vasco puedan decretar el carácter secreto de determinadas materias que consideren sensibles para sus intereses políticos, sustrayéndolas en la práctica al conocimiento y control judicial.

Vistos todos los trucos anteriores, que se añaden a una inmensa lista ya bien conocida desde su toma de posesión allá por 2018, ¿les queda a ustedes alguna duda de que, en casi todos los ámbitos de su vida, se encuentran en manos de un tramposo?

PUBLICADO ORIGINARIAMENTE EN MALLORCADIARIO.COM EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Por Álvaro Delgado Truyols