Agotado ya el intento de dividir a los ciudadanos entre “amigos de la ultraderecha” y “gente de progreso” -recuerden el uso machacón de la famosa foto de Colón-, la factoría Moncloa Producciones ha decidido fomentar otra división en la sociedad española. La próxima fractura social la van a protagonizar los españoles “ricos” enfrentados a los “pobres”. Porque, ante el desastre electoral que se les avecina, los gurús de Sánchez han decidido polarizar más a la gente intentando recortar las expectativas de quien crece en las encuestas ofreciendo moderación y buena gestión de los asuntos públicos.
Con independencia de lo artificial de esta nueva polémica gubernamental azuzada por todos los Ministros (¿quién es rico y quién es pobre para nuestro Gobierno?), su objetivo viene a ser el mismo que encabeza el manual de todo mandamás populista: vender mensajes simplones para polarizar a la sociedad obteniendo de ello réditos políticos. Aunque las consecuencias futuras resulten catastróficas para el conjunto de los ciudadanos, pues todo frentismo supone siempre debilitar la democracia.
Se trata de la misma estrategia aplicada desde hace años en Cataluña, donde los independentistas son oficialmente los “bons catalans”, mientras que quienes reclaman sus derechos constitucionales son tildados de “charnegos”, “botiflers”, “ñordos” o, simplemente, de “catalanes de segunda”. Desde que Zapatero levantó la veda instaurada por la Transición, del enfrentamiento social han aprendido a vivir cómodamente muchos de nuestros políticos. Especialmente quienes no saben hacer nada mejor con el ejercicio del poder.
La polémica de ricos contra pobres presenta argumentos falsos y constituye un error garrafal. Argumentos falsos porque, en un país con un sistema tributario progresivo, quienes ganan más no son los enemigos de los pobres, sino quienes financian su estado del bienestar (sanidad, educación, seguridad, infraestructuras, justicia, derechos sociales). En España, muchas personas pagan por IRPF la mitad de sus ingresos, lo que significa que desde el 1 de julio al 31 de diciembre de cada año trabajan gratis financiando servicios públicos. ¿Aún les parece poco? ¿Querrían quitárselo todo?
Respecto a los inversores extranjeros que pueden decidir dónde establecer sus negocios, involucrarles desde el Gobierno en una campaña de rechazo por parte de la población resulta una estupidez contraproducente. Simplemente trasladarán sus inversiones a lugares donde se sientan mejor tratados, con las pérdidas de recaudación y de puestos de trabajo que ello acabará suponiendo.
Esta actitud de nuestro Gobierno, aparte de cortoplacista, resulta bastante mentirosa y miserable. Mentirosa, porque proclamar insistentemente que los políticos que proponen bajar impuestos perjudican nuestro estado del bienestar es incierto. El estado del bienestar no exige tener 23 Ministerios (más que nunca), ni colocar a dedo a miles de asesores o amigos en empresas públicas, ni destinar dinero a chiringuitos donde contentar a personajes afines, ni pagar 20 millones por una serie documental sobre Pedro Sánchez. Tampoco desarrollar prácticas clientelares como las que nos ha detallado la sentencia de los ERE -con prostitutas y mariscadas incluidas- que nos costaron 680 millones de euros. Y menos donar 130 millones a una fundación de Bill Gates -el pobre por antonomasia- para que Sánchez se haga con él unas fotos que apuntalen su intención de aparecer ante la opinión pública como un líder de talla mundial. Todo esto representará bienestar para nuestros desvergonzados gobernantes, pero no para el conjunto de los ciudadanos.
Y es, además, miserable porque en su campaña contra quienes crean riqueza eligieron, como objetivo principal, a Amancio Ortega. Alguien que empezó vendiendo batas en una modesta tienda de provincias y que, con su esfuerzo y talento, creó una gran empresa que emplea a cientos de miles de personas en el mundo, pagando sus impuestos en España. Y encima regala carísimo instrumental contra el cáncer a la sanidad pública española. Sorprendentemente, el sujeto de ese odio irracional no es un aristócrata holgazán, ni el hedonista heredero de una fortuna recibida de sus antepasados, sino un sencillo y discreto empresario salido de la nada. Alguien como ellos, pero que se ha hecho rico trabajando mucho más.
Esta campaña de ricos contra pobres no persigue luchar contra las desigualdades, ni redistribuir mejor la riqueza. Cuando alguien aspira a reducir el número de ricos pero nada hace para limitar la cantidad de pobres su pretensión resulta sospechosa. Al Gobierno “de la gente” no le preocupan las injusticias reales, pues no paran de fomentarlas con su favoritismo económico, fiscal y lingüístico hacia País Vasco, Cataluña y Navarra. Su intención es explotar el resentimiento social, presentándose ante la opinión pública como el Robin Hood de los desfavorecidos, con la única obsesión de frenar como sea a Feijóo.
La deserción de barones autonómicos socialistas adoptando las rebajas fiscales del PP es otra demostración de lo tramposo de esta polémica. Ante la debacle electoral que se les avecina, preparan su huida del sanchismo en un patético sálvese quien pueda.
PUBLICADO ORIGINARIAMENTE EN MALLORCADIARIO.COM EL 03 DE OCTUBRE DE 2022.
Por Álvaro Delgado Truyols
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