Los negocios costeros de Baleares, junto a otros situados a lo largo del extenso litoral español, se están viendo afectados por una norma reciente que les ha asaltado como elefante en cacharrería. Centenares de establecimientos hosteleros y de restauración, apreciados y disfrutados durante años por todos los ciudadanos, corren hoy serio peligro por una caprichosa normativa estatal que puede acarrear su desaparición. Cuando, además, son quienes mantienen limpias las playas, proporcionan refresco y aseo a los bañistas, y emplean a gente del lugar.
A finales del verano pasado, el BOE publicó el Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica de la peculiar Teresa Ribera, que modificaba el Reglamento General de Costas en algunas cuestiones técnicas ciertamente sorprendentes. Bajo la aventurada premisa de que el cambio climático afecta más a la franja costera que al resto de nuestro territorio, la norma limita arbitrariamente las dimensiones de los establecimientos expendedores de comidas y bebidas en las playas (los populares “chiringuitos”), diciendo que “no excederán de 70 metros cuadrados en una sola planta y sin sótano, de los cuales 20, como máximo, podrán destinarse a instalación cerrada. Estas instalaciones serán de temporada y desmontables en todos sus elementos”.
Y, para los tramos urbanos de las playas, sus dimensiones máximas serán de ”200 metros cuadrados en una sola planta y sin sótano, de los cuales 150 metros cuadrados podrán ser de edificación cerrada, y el resto terraza cerrada mediante elementos desmontables, más 70 metros cuadrados de ocupación abierta y desmontable, y una zona de aseo que no supere los 30 metros cuadrados”.
Nuestro actual Gobierno central resulta sobradamente conocido por elaborar normas ideológicas de pésima calidad técnica. En la línea de su habitual postureo legislativo, el Real Decreto 668/2022 incorpora seis páginas enteras de “Exposición de Motivos” (una tercera parte de la extensión total de la norma), con una alusión expresa a las publicaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC en inglés), institución auspiciada por ONU con la que nuestra Ministra Ribera tiene gran afinidad (es Consejera de varios organismos de ONU sobre desarrollo sostenible).
Sin embargo, las previsiones catastrofistas del IPCC sobre las posibles variaciones del nivel del mar en nuestras costas no son cuestión pacífica en la ciencia actual. El Global Climate Intelligence Group (CLINTEL), asociación científica integrada por más de 1500 profesores y expertos mundiales (fuera de la órbita de la ONU), contradice ampliamente los alarmantes avisos del IPCC. Todo esto desvela una batalla soterrada por la implantación de la famosa Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que, bajo la cobertura “científica” de ONU y como ariete de la doctrina woke, reparte generosos cargos y muchísimo dinero entre los líderes progresistas mundiales. Y ahí aspira a colocarse Ribera cuando las urnas -o el favor del César– le resulten desfavorables.
El prestigioso profesor catalán Félix Ovejero ha defendido en un valiente artículo (“Todos somos negacionistas”, El Mundo, 18/04/2023) que “la descalificación a los negacionistas en nombre de la ciencia incurre en aquello que pretende condenar… La ideología woke, variante degradada del posmodernismo, no sólo defiende ideas disparatadas, incompatibles con el conocimiento consolidado, sino que niega la posibilidad de debatirlas”.
Y eso es lo que está sucediendo en materia de cambio climático. Aunque resulte necesario adoptar medidas para rebajar la influencia humana en el calentamiento global, ¿deben ser incompatibles con la continuación de tantas actividades económicas necesarias para la población? ¿Por qué razón científica nuestros chiringuitos de playa sólo pueden tener 70 metros cuadrados en una sola planta sin sótano? ¿No debería tenerse en cuenta su ubicación, su localización en una zona turística y la dimensión de la propia playa? ¿Por qué no limitar las invasiones de ciclistas, moteros, runners o excursionistas en nuestros espacios naturales, las actividades agrícolas o ganaderas contaminantes, o las deposiciones de animales en las calles? ¿Sólo existe cambio climático en las playas?
Todo resulta contradictorio con actuaciones del mismo Gobierno que promueve este absurdo reglamentismo. Como su obsesión con los parques fotovoltaicos o los coches eléctricos, cuando los cargamos en España empleando combustibles fósiles. O la forma de viajar de Pedro Sánchez, usuario diario del Falcon o el helicóptero Super Puma, dos de los medios de transporte más contaminantes del planeta. O la chocante contemplación de los 1040 jets privados que transportaron al Foro de Davos a los mandamases más “ecologistas” de la Tierra, todos defensores de la doctrina woke.
Mientras tanto, leemos en prensa (The Objective, 18/04/2023) que España es el país de la Unión Europea cuya agricultura utilizó más pesticidas en el año 2020 (75.774 toneladas, provocando graves daños para la salud y la biodiversidad). O que Finlandia, país sensato donde los haya, pone en marcha la mayor central nuclear de Europa -llamada Olkiluoto 3– que generará el 30% de su electricidad.
Es cierto que la gestión de nuestras costas está a punto de ser asumida por el Govern balear. Pero también que la legislación seguirá siendo de competencia estatal, por lo que, como dijo recientemente en Mallorcadiario la Presidenta Armengol, “el margen de maniobra del ejecutivo balear será mínimo”, y tendremos que tragarnos (salvo cambio electoral en diciembre), el postureo climático de la Ministra Ribera.
Conociendo las contradicciones anteriores, no podemos dejar de preguntarnos: ¿Qué pretende este “progresismo” prohibitivo que aspira a arruinar muchos negocios y amargarnos el disfrute de nuestro ocio? ¿Qué intereses defienden y para quién trabajan realmente?
PUBLICADO ORIGINARIAMENTE EN MALLORCADIARIO.COM EL 24 DE ABRIL DE 2023.
Por Álvaro Delgado Truyols
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