El prestigioso abogado socialista José María Mohedano, una de las personalidades más influyentes en el PSOE de los últimos 35 años, ha declarado en una entrevista concedida al diario digital El Debate que “el actual PSOE ya no es en absoluto un partido socialdemócrata. El discurso de Pedro Sánchez es el discurso de Pablo Iglesias. Podemos se ha quedado con el alma de Sánchez”.

Estas contundentes apreciaciones, hechas por un experto letrado especializado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, reciente defensor de José Antonio Griñán en el proceso seguido contra él por el caso de los ERE, y nada sospechoso de inclinaciones “fascistas” no deberían caer en saco roto en su partido ni en su entorno. Es indudable que Sánchez, tal vez condicionado por la estrategia de Feijóo de apostar por la vía de la moderación, ha optado por abrazar en su actuación política las tesis sostenidas por sus más radicales socios de Gobierno: Podemos, Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya.

Las prisas por acelerar las reformas legislativas más polémicas, que Sánchez y sus aliados no pueden disimular, les han hecho forzar la máquina y someter a una dura prueba las costuras de nuestro sistema constitucional, tratando de llegar al año electoral que se avecina con las medidas impopulares ya adoptadas (reformas penales de la sedición y la malversación a la medida de los separatistas, control del Tribunal Constitucional, control del Poder Judicial). Y así destinar el entero 2023 a anunciar medidas sociales y a repartir fondos europeos, tratando de comprar voluntades en el olvidadizo electorado español.

Sin embargo, han encontrado un obstáculo imprevisto en su desbocada hoja de ruta. El Tribunal Constitucional ha impedido, siguiendo una ya consolidada jurisprudencia llamada de la “homogeneidad” (inaugurada, por cierto, por una Sentencia del año 2003, en la que amparaba a más de 60 diputados del PSOE frente a unas enmiendas introducidas irregularmente por el PP en el texto de la Ley de Arbitraje), que en una Ley de Reforma del Código Penal relativa a los delitos de sedición y malversación se metieran de matute dos enmiendas destinadas a alterar las mayorías para elección de miembros del CGPJ y del propio Tribunal Constitucional.

La reacción del Gobierno y sus abundantes terminales mediáticas ante el pronunciamiento del TC ha sido lamentable. Antes de ser adoptado, intentando presionar groseramente a sus Magistrados, y después, descalificando el acuerdo de la mayoría por acceder a una petición de amparo formulada por el PP y Vox prevista en el texto de la Constitución y acorde con la jurisprudencia anterior. Y aquí ha llevado la voz cantante Pablo Iglesias, que es quien dirige en la sombra Podemos -y de paso la política del Gobierno de coalición- pontificando desde un par de tribunas mediáticas excelentemente remuneradas. Todo ante su manifiesta imposibilidad de hacerlo desde la Vicepresidencia del propio ejecutivo, una vez comprobada su alergia a la actividad laboral y al sometimiento al mínimo horario exigible a un miembro del Gobierno de España.

Las explicaciones salidas de la lengua viperina de Iglesias -reproducidas miméticamente por el PSOE- son propias de su sobrevalorado nivel intelectual: lo del PP y Vox ha sido un “golpe de Estado”, en colaboración con unos “Jueces franquistas”, que contraría la soberanía popular que “pertenece al Parlamento”, y ningún otro poder puede controlar. Dicha pueril argumentación, de auténtico bocachancla jurídico y que sonrojaría a un verdadero profesor de Derecho constitucional (Iglesias pretende serlo), está destinada al consumo de su público habitual: resentidos, ignorantes y/o fanáticos. Y, si algún alma bienintencionada se la ha tragado también, es tiempo de que medite seriamente en cuál de dichas tres categorías infamantes está dispuesto a ser encuadrado.

En cualquier caso, los hiperventilados socios del Gobierno de coalición deberían dejar de llorar y rasgarse tanto las vestiduras. El TC les ha tumbado -por precipitados y chapuceros- sólo un mal uso del procedimiento legislativo. Dos enmiendas sobre las mayorías de elección en el CGPJ y el TC que podrán tramitar como Proposición de Ley y aprobar usando su mayoría Frankenstein, aunque el fondo seguirá siendo manifiestamente inconstitucional. Deberían considerar seriamente, como comentaba José Ignacio Torreblanca, que “el día en que el PSOE esté en la oposición y PP y Vox en el Gobierno, agradecerá que el TC haya defendido el derecho de la oposición a que la mayoría parlamentaria no atropelle la Ley retorciendo los procedimientos”.

El problema, como hemos visto, son las urgencias legislativas del aventurero que nos gobierna y sus socios insaciables. Aunque Sánchez no ha valorado de forma suficiente algunos aspectos delicados que pueden emborronar su alfombrada hoja de ruta de cara al 2023. Por un lado, la creciente sublevación de sus barones y de buena parte de la inteligencia socialdemócrata del PSOE -como hemos visto sucede con Mohedano– que ven que las arriesgadas decisiones del líder socialista pueden poner en peligro muchos Gobiernos regionales y municipales, e incluso colocar en riesgo de desaparición a su propio centenario partido. Por otro, las consecuencias penitenciarias -similares a las de la Ley del “sólo sí es sí”– que acarreará la modificación en la tipificación penal de la malversación, permitiendo rebajas de penas o que salgan directamente a la calle un montón de políticos corruptos en pleno año electoral.

Quiero terminar este relato dejando clara constancia del tremendo papelón desempeñado por Félix Bolaños, jurista y Ministro de Presidencia, al que se le ha puesto aún más cara de Mortadelo tras tanta justificación patética de las continuadas chapuzas de su señorito, siguiendo la caprichosa batuta de la sinfonía que le toca Podemos. Y deplorando también la figura de los “Jueces conservadores o progresistas”, que votan según los intereses del partido que les nombró, en una triste demostración de sometimiento al poder y desprecio por la profesión a la que prometieron servir según su leal saber y entender.

Pidiéndoles sinceras disculpas por el triste panorama nacional que últimamente les describo, les deseo unas felices fiestas de Navidad y Año Nuevo. La única esperanzadora noticia es que nuestro Estado de Derecho aún funciona.

PUBLICADO ORIGINARIAMENTE EN MALLORCADIARIO.COM EL 26 DE DICIEMBRE DE 2022.

Por Álvaro Delgado Truyols