Mucha gente culpa a Pedro Sánchez de la quiebra de nuestro régimen constitucional, olvidando que nada podría decidir este personaje carente de escrúpulos sin el apoyo electoral de millones de españoles. Exactamente 7.760.970 compatriotas nuestros le dieron su voto en las elecciones generales celebradas el pasado 23 de julio. Y todos sabían bien para qué se lo daban. O deberían haberlo sabido.

El humillante acuerdo firmado con Junts supone cambiarnos a todos los ciudadanos la Constitución por la puerta de atrás. Nuestra Constitución, como ha escrito Tsevan Rabtan, depara la más amplia libertad para la exposición y defensa de cualesquiera concepciones ideológicas, incluso las que pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional. Pero la conversión de esos proyectos políticos, o cualesquiera otros, en normas o en decisiones del poder público no es posible sino mediante los procedimientos previstos en la misma Carta Magna para la reforma constitucional.

Cuando un poder público pretende alterar el orden constituido de manera unilateral, ignorando los procedimientos de reforma de la Constitución expresamente previstos, abandona la senda del Derecho causando un daño irreparable al conjunto de los ciudadanos. El problema de Pedro Sánchez es que, aun reuniendo a su variopinta tropa, no alcanza las mayorías requeridas para la reforma constitucional. De ahí sus trucos y concesiones para alcanzar el poder.

Todo esto que les acabo de contar ha sido inmediatamente detectado por las principales profesiones jurídicas españolas, que se han lanzado en tromba a denunciar el ataque que el pacto de Sánchez y Puigdemont supone contra nuestro Estado de Derecho. Todas las asociaciones de jueces (incluidas las de ideología progresista), las de fiscales, las de inspectores de Hacienda, las de inspectores de Trabajo y Seguridad Social, buena parte de los Abogados del Estado y numerosos Colegios de Abogados de toda la geografía española se han manifestado de forma contundente en contra del pacto de la amnistía y de las acusaciones -que éste contiene- de “lawfare”, esto es, de que el Estado español ha utilizado la Justicia con fines políticos contra los separatistas catalanes, lo que supone una degradación infamante para nuestro sistema judicial y para todas nuestras profesiones jurídicas.

Esta completa humillación de un moderno Estado de Derecho -que ha funcionado de forma impecable durante 45 años-, acordada con el único fin de que un tipo que perdió las elecciones generales pueda obtener los siete votos que le faltan para conservar el poder, es responsabilidad evidente de Pedro Sánchez, que es el instigador principal. Pero es también responsabilidad de todos y cada uno de los votantes socialistas, sin cuyo apoyo incondicional semejante político sin escrúpulos -cuyas pulsiones mentirosas y autocráticas ya todos conocíamos bien- jamás hubiera mantenido su sillón.

Por ello, algún día el pueblo español exigirá responsabilidades del irreparable destrozo que estos inconscientes han causado a nuestro Estado democrático de Derecho -que tanto nos ha constado conseguir- hasta al último votante socialista. Jamás vamos a olvidar lo que sois capaces de hacer para no abandonar el poder.

PUBLICADO ORIGINARIAMENTE EN MALLORCADIARIO.COM EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Por Álvaro Delgado Truyols