La lucha contra la corrupción política y económica constituyó, durante años, un deslumbrante Titanic que surcaba orgulloso las aguas de la anonadada sociedad balear. Por encima de la línea de flotación, un trasatlántico imponente tripulado por una aclamada dotación que colocó entre rejas a políticos que abusaron de su poder y hasta a un miembro de la Familia Real. Pero, por debajo de ese casco reluciente, el tiempo ha ido descubriendo grietas terribles que amenazaban con enviar a pique un buque tan llamativo. Encarcelar a políticos o empresarios corruptos comenzó siendo una medida higiénica y esperada de regeneración pública, pero pronto se fue convirtiendo -para sus protagonistas con menos escrúpulos- en una peculiar manera de obtener notoriedad y promoción profesional.

La reciente absolución de los acusados por el llamado “Caso Cursach”, y el informe final del Fiscal Tomás Herranz -un tipo enviado a Mallorca para honrar su difícil profesión, y que acabó su emotivo alegato entre aplausos de los presentes en el juicio- han puesto de manifiesto el “fracaso absoluto de la Justicia”. Tal fue la lapidaria frase pronunciada en la Audiencia de Palma por este ejemplar representante de la acusación pública.

Pero el recto Fiscal Herranz hizo también mucho más. Por un lado, pedir que se investiguen las múltiples irregularidades cometidas en este asunto por el ex Magistrado Manuel Penalva y el ex Fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán, junto a algunos policías nacionales del Grupo de Blanqueo de Capitales. Y por otro, condenar de forma contundente las constantes filtraciones a la prensa que sirvieron para generar un relato atroz contra todos los acusados, quienes fueron “calumniados, humillados y pisoteados”. Dijo literalmente Herranz: “no sé si lo peor, pero cerca de lo peor, es que todo esto se publicara continuada e inmediatamente. Y no se hiciera nada para impedirlo si no es que se alentara. Con ello se consiguió la muerte civil de los acusados”.

Las palabras del Fiscal nos recuerdan que, aunque durante décadas muchos profesionales de la Justicia balear han mirado hacia otro lado, bastantes ciudadanos conocemos bien que no estamos ante la enajenación accidental de un grupito de funcionarios mal orientados, sino ante el inevitable desenlace trágico de una irregular práctica mediático-investigadora que a los más imprudentes se les acabó yendo de las manos. Como me comentó un conocido periodista, el peculiar método empleado por los funcionarios gravemente acusados no lo inventaron ellos, pues había sido ya patentado por exitosos protagonistas anteriores. Nada han hecho los actuales que no practicaran algunos antecesores. Pero eran otros tiempos, diferentes circunstancias políticas y de opinión pública, y siempre se había conseguido mayor discreción.

Si los ciudadanos hubiéramos tenido acceso a los preparativos de antiguos registros o intervenciones espectaculares, a las grabaciones de declaraciones de detenidos, a la gestación de muchos pactos de conformidad, o a determinados emails o chats telefónicos cruzados entre ciertos conocidos funcionarios y periodistas desde el estallido del caso Andratx -a finales de 2006- otro gallo diferente hubiera cantado a algunos de nuestros vitoreados Elliot Ness locales. Que exigían siempre de sus investigados una pulcritud legal exquisita que ellos nunca demostraron en sus numerosas investigaciones. Porque mucho más grave que la delincuencia particular -elemento consustancial a la especie humana- es la infracción de la Ley ejercida con reiteración por alguna Autoridad pública, en especial si pertenece al mundo judicial, fiscal o policial. Ya que la primera se corrige castigándola, pero la segunda socava la confianza que los ciudadanos tienen que sentir hacia las instituciones que deben protegerles.

A ello hay que añadir el tristísimo papel desempeñado en estos asuntos por un concreto medio de comunicación -resaltado genéricamente por el Fiscal Herranz– cuya simbiosis de muchos años con funcionarios encargados de investigaciones, filtrando informaciones sesgadas y haciéndoles de caja de resonancia (sin contrastar con las versiones de los imputados ni aplicar ninguna lógica elemental), consiguió trasladar a la opinión pública infinidad de acusaciones falsas o de imposible credibilidad. Alguno de sus integrantes destacados ha alardeado incluso en sus escritos de comidas con Jueces y Fiscales o de manejar sumarios secretos, y ha defendido que quienes insultaban gravemente a sus investigados, teledirigían las declaraciones de testigos falsos, o exigían con amenazas de cárcel la delación de políticos del PP estaban simplemente “haciendo su trabajo”. Todo en la injustificable creencia de que ciertas investigaciones mediáticas pueden desarrollarse, especialmente contra ciertos objetivos políticos, al margen del ordenamiento jurídico vigente para los demás.

Es justo también reconocer la impecable rectitud del Tribunal, y el valor y perseverancia de ciertos abogados, policías y periodistas, a la vez que deplorar la claudicación de otros, que facilitó durante años la obtención de infames acuerdos brindando cobertura a actuaciones abiertamente ilegales. Como algunos me han reconocido, todas las profesiones relacionadas con estos temas deberían entonar su parte de mea culpa ante el clamoroso fracaso de la Justicia.

La absolución del “Caso Cursach” pondrá punto final a una época, que para bastantes fue un tiempo de terror. Igual que cerraron una época -y una forma de hacer política (la del “hágase” o “aquí nunca pasa nada”)- las condenas sufridas por Matas, Munar o Urdangarín. Muchos se lo pensarán en el futuro antes de actuar con el desparpajo y la soberbia que exhibieron en tiempos pasados. Políticos y empresarios, pero también Jueces, Fiscales, policías y periodistas.

    Los desquiciados Penalva y Subirán van a acabar pagando, en unión de algunos investigadores del Grupo de Blanqueo, los incontables platos rotos de pasados tiempos oscuros. Y esperemos, por el bien de la Justicia, que con la contundencia merecida. Cuando integras un grupo de abusones -por razones de fuerza, poder o autoridad-, y el abuso se agudiza en el tiempo, acaban siempre pasando inevitablemente dos cosas: que a algún miembro de la pandilla se le va demasiado la mano, y que un día aparece una víctima acompañada del primo de Zumosol. Y aquí aterrizó un Fiscal, expresamente enviado desde Madrid, llamado Tomás Herranz.

La ansiada regeneración de Baleares exige también airear algunas sentinas de nuestra Justicia.

 

PUBLICADO ORIGINARIAMENTE EN MALLORCADIARIO.COM EL 05 DE DICIEMBRE DE 2022.

Por Álvaro Delgado Truyols