El economista francés Frédéric Bastiat, nacido en Bayona en 1801, fue un insuperable defensor de la propiedad privada, el mercado libre y el Gobierno limitado. Su doctrina descansa en el principio de que, lejos de organizar sistemas públicos que legalizaran el “pillaje” por parte del Estado en todo lo que fuere propiedad privada, la principal preocupación de la sociedad debe ser defender su libertad, donde radica su verdadera fuente de riqueza. Una de las ingeniosas frases que escribió en sus debates contra las incipientes ideas marxistas -luego fracasadas en la mayor parte del mundo- fue la siguiente: …”Es como si los socialistas nos acusasen de no querer que la gente comiese, simplemente porque no queremos que el Estado se dedique a la producción de cereales”. Su insuperable ironía, su enorme cultura, y sus habilidades didácticas y dialécticas le han llevado a ser considerado como uno de los más grandes economistas liberales de la historia.

Si hoy Bastiat -que falleció de tuberculosis, con sólo 49 años- levantara la cabeza se moriría de impotencia y desesperación. La “expoliación legal” por parte del Estado de los bolsillos de los particulares, que tanto criticó en su famosa obra “La Ley”, se ha convertido en la regla general de la España de Pedro Sánchez. Cuando la mayoría de Gobiernos europeos -sensibles ante los estragos causados por la pandemia- abonan a sus empresarios parte de la facturación perdida y rebajan los impuestos, nuestro país sigue el camino contrario: alza generalizada de tributos, incremento de cotizaciones, y subida escandalosa de la electricidad (un 27%) en el momento más frío en décadas, siendo el único Gobierno de Europa que no ha dado ayudas a fondo perdido a sus ciudadanos. Cosa que en Baleares se está intentando remediar -de forma tardía e insuficiente- después de que 5000 personas piropearan las aficiones nocturnas de la Presidenta.

Pero lo realmente grave es que ese expolio de lo privado no redunda en un mejor servicio de lo público. Porque la gestión sanitaria y la vacunación contra el Covid-19 están dejando muchísimo que desear. Sepan ustedes que AENA y nuestro Govern balear no quisieron que la sanidad privada hiciera PCR (a un precio módico) en los aeropuertos de las islas al empezar el verano, lo que hubiera permitido crear un territorio “free Covid” pionero para el éxito del turismo en toda Europa. Antes al contrario, según decía Sánchez en el mes de junio, “España ha derrotado al virus”. Ahora, con la llegada de la vacuna, el Govern balear tampoco permite que las clínicas privadas colaboren en la vacunación de la población, y les está racaneando vacunas para proteger a sus propios sanitarios. Todo para no “comprometer” el intocable papel que para ellos debe desempeñar la sobrecargada sanidad pública.

La demonización de lo privado es la razón de ser de quienes nos gobiernan, que son incapaces de aparcar su ideologizado discurso en aras de una mayor eficacia. La ideología de sus actuales gobernantes está suponiendo un pesado lastre para el pueblo español, que asiste desconcertado a una cadena de engaños, incompetencia, precipitación, improvisaciones y enfrentamientos absurdos entre Administraciones de diferente color político. Cuando todos somos conscientes de que los políticos liberales se han tenido que comer con patatas -en las últimas décadas- muchos de sus viejos principios (la derecha ha acabado defendiendo, por ejemplo, el Estado del bienestar socialdemócrata), los socialistas y neocomunistas actuales se muestran incapaces de renunciar a ninguno de sus obsesivos postulados intervencionistas.

Nuestros gobernantes actuales -estatales y autonómicos- muestran una  querencia infantil por enfrentar lo público con lo privado. Cuando, según retrata fielmente el economista Daniel Lacalle, “el sector público no rescata al sector privado; vive de él”, añadiendo que “sin empresas no hay recuperación económica ni sector público que valga”. Pero, con ese absurdo enfrentamiento, se está dinamitando la eficacia gestora e incluso se sacrifican -en aras de la pureza ideológica- decisiones que mejorarían la salud y la economía de nuestra población. Lo que implica un comportamiento fanático típico de completos incompetentes. Mientras tanto, como recordaba recientemente con gran acierto Luis Sánchez-Merlo, “quienes nunca han contribuido al Estado del bienestar exigen con redoblado empeño los beneficios íntegros del sistema”.

Los países mejor gestionados del planeta, y que muestran una mayor eficiencia en la gestión de los impuestos que les pagan sus ciudadanos, son los que aceptan y promueven la colaboración del sector público y el privado. Sin pretender que aquél sustituya completamente a éste. Cosa que sólo sucede en los regímenes estatalistas, los cuales han fracasado históricamente -de forma estrepitosa- en todas las partes del mundo. El profesor canadiense Stephen Osborne, reputado experto mundial en la enseñanza de la gestión pública, escribió en su genial obra “The new public governance?” que “a día de hoy parece inimaginable concebir a las Administraciones públicas trabajando solas”.

En España, sin ir más lejos, se han dado con éxito importantes ejemplos de colaboración público-privada: uno fue el “Plan de Vivienda 2016 del Ayuntamiento de Barcelona” (programa de co-vivienda o co-housing), que permitía a cooperativas de vecinos vivir en edificios -sin ser propietarios ni arrendatarios- por un tiempo prolongado (50 años) mediante incentivos fiscales y rebajas en tasas municipales a los promotores; otro fue el llamado “Madrid Foro Empresa”, promovido en 2013 por el Ayuntamiento de Madrid para crear nuevas iniciativas de participación empresarial con un marco jurídico y tributario especial; y un tercero el “Alianza Shire”, programa en el que grandes corporaciones como Iberdrola, Acciona y Signify (la antigua Phillips) contribuyeron a dotar de energía a varios campos de refugiados en colaboración con Naciones Unidas.

Todos estos ejemplos tuvieron una base esencial: la introducción de nuevos modelos de gestión con importantes incentivos económicos, administrativos y fiscales. Porque ahí está la clave de todo. En Suecia o Finlandia uno paga a gusto sus impuestos, visto lo que recibe del Estado a cambio de ellos. Pero en España, con esta banda que nos esquilma y no sabe gestionar ni la administración de una vacuna, resulta frustrante pagar y que sólo reciban ellos.

Por Álvaro Delgado Truyols