Tras enviar el juez Peinado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a juicio con jurado por la supuesta comisión de cuatro graves delitos económicos (tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, corrupción en los negocios y apropiación indebida), los ministros Félix Bolaños -titular de Justicia- y Óscar Puente -titular de Transportes- dedicaron una rueda de prensa entera a denigrar al juez instructor del caso y a los demás jueces que llevan asuntos en los que está implicado el Gobierno, acusándoles a todos de “violentar la acción política” y de dictar sus resoluciones judiciales para “debilitar la democracia”.
Esas declaraciones orquestadas no fueron fruto de la improvisación, sino parte de un guion preconcebido por los ochocientos asesores de Moncloa. Y responden a una idea que subyace desde hace tiempo en muchas manifestaciones de miembros del Gobierno de Sánchez, que debería generar entre los ciudadanos una honda preocupación. Importantes comentaristas de la prensa de nuestro país han avisado -desde hace meses- de este mensaje subliminal destinado a ir calando en ciertas capas de nuestra población. Así David Mejía (columnista de El Mundo), Guadalupe Sánchez (abogada y columnista de The Objective) e Ignacio Varela (columnista de El Confidencial) han coincidido en adivinar una estrategia preventiva de ataque y defensa elaborada para desplegarse con toda intensidad si empeora la situación del Gobierno en los diversos frentes judiciales.
Creen dichos opinadores que Moncloa está preparando el terreno para denunciar, en su momento, una especie de “golpe de Estado” organizado por la cúpula judicial con la intención de “derribar a un Gobierno democrático”. Y muchas manifestaciones en sede parlamentaria de políticos del PSOE y de sus socios de Gobierno, en las habituales sesiones de control en el Congreso y en el Senado, corroboran esa acertada percepción.
Uno de los postulados esenciales de cualquier Gobierno populista es que el Estado debe basarse en la democracia directa, entendida como la elección por voluntad popular de las personas que deben desempeñar los cargos públicos, jueces, fiscales y magistrados incluidos. Bajo esa invocación de una supuesta democracia “popular”, ajena a la verdadera democracia representativa y deliberativa propia de los países occidentales, se trata de vender una interesada selección de individuos con afinidades políticas para ocupar los más importantes cargos de un Estado, en especial para el control del poder judicial. Así ha ocurrido recientemente en el México de Claudia Sheinbaum (reciente invitada de Sánchez en Madrid) aplicando reformas iniciadas por sus correligionarios Chávez, Maduro o López Obrador. Y ya aparecen lamentos en México por la escasa preparación de los nuevos nombrados.
Las manifestaciones de Rufián, Montero, Belarra, Otegi o Iglesias sobre los jueces “fachas” o la “derecha judicial” van en esa misma dirección. Y encubren su voluntad de sustituir a los profesionales por otros afines políticamente que les garanticen impunidad penal para sus corruptelas y chanchullos. Ha escrito Ignacio Varela -ex asesor de Felipe González– que la intención oculta del Gobierno, si se ponen feos los temas judiciales, es “provocar un enfrentamiento entre los poderes del Estado de tal forma que la victoria de uno (el ejecutivo) suponga necesariamente la rendición del otro (el judicial), todo en vísperas de unas elecciones generales que serían materialmente destituyentes”. O, más grave aún, como advirtieron David Mejía o Lupe Sánchez, no convocar elecciones cuando llegue el momento bajo el pretexto de la existencia de un “golpe institucional” contra “un Gobierno democrático”. Que, por supuesto, “democrático” solo puede ser el suyo.
El precedente de Sánchez tratando de amañar las primarias del PSOE ocultando la urna, según han reflejado videos publicados en The Objective, no invita demasiado a la tranquilidad.
PUBLICADO EN MALLORCADIARIO.COM EL 04 DE MAYO DE 2026.