Los padres fundadores de los Estados Unidos aprobaron su Constitución en la Convención de Filadelfia de 1787. Esa Constitución, la más antigua y longeva del mundo -casi 240 años de historia-, es también la de texto más breve, ya que en solo siete artículos y cuatro mil palabras (a las que se añadieron algunas enmiendas) diseñó un modelo político exitoso que sigue vigente en nuestros días. Ello demuestra la innecesidad de una legislación torrencial -como la que sufrimos en la actualidad- para regular adecuadamente situaciones complejas.
Las trece colonias de la corona británica en el continente americano habían declarado su independencia en el año 1776. El país, recién formado, intentaba liberarse de la monarquía inglesa que les imponía importantes tributos sin respetar muchos derechos de sus habitantes. Por ello, los promotores de la Constitución crearon un texto, redactado por Thomas Jefferson y completado por Benjamin Franklin, James Madison y John Adams, con dos objetivos principales: tener un gobierno federal fuerte y estable, capaz de dirigir el país de forma eficaz; y limitar y fraccionar el poder para imposibilitar eventuales gobernantes tiranos.
Para evitar tentaciones dictatoriales en un régimen esencialmente presidencialista los padres fundadores diseñaron un marco político basado en tres pilares: una estricta separación de las tres funciones del Estado, asignando cada una de ellas a un poder diferente (legislativo, ejecutivo y judicial); una división territorial basada en el federalismo, que volvía a dividir horizontalmente el poder, fraccionando el enorme territorio en Estados federados; y un sistema de controles (llamados “checks and balances”, o “controles y contrapesos”) ideados para que ningún poder se impusiera sobre los demás.
Ese clarividente sistema de controles implica la capacidad de cada una de las ramas del Estado para responder adecuadamente a la actuación de las otras, sirviendo de freno a cualquier arbitrariedad y de contrapeso a toda desviación de poder. Ello permite a cada rama del Estado modificar o vetar actos y decisiones de las otras a fin de evitar que ninguna de ellas ejerza demasiado poder, se exceda en sus competencias o se muestre arbitraria en el desempeño de sus facultades.
En la actualidad sufrimos democracias iliberales que pretenden eliminar esos controles al poder. Una ha sido la de Viktor Orban en Hungría, que acaba de ser derrotado en las urnas (aunque llama la atención la euforia de la izquierda española, cuando su homóloga húngara no ha logrado ni un solo diputado). Otra es la de Donald Trump, aunque la exigente Constitución norteamericana le está resultando menos fácil de manipular a su imagen y semejanza. Pero la más grave de todas ellas, por ser la que nos afecta directamente, es la de Pedro Sánchez en la España de hoy.
Sánchez lleva tiempo colonizando a su antojo, ante el silencio ominoso de los españoles, las más importantes instituciones del Estado, tanto públicas como privadas: Fiscalía, AEAT, RTVE, RNE, PRISA, Telefónica, Red Eléctrica, Renfe, CNMV, CNMC, Paradores, CIS, Iberia, Indra, Correos y Talgo. Pero su colonización más vergonzosa es la del Tribunal Constitucional. Con el control del alto garante del cumplimiento de nuestra Constitución, que realiza mediante los manejos infumables del mamporrero Conde-Pumpido, pretende manipular nuestra legislación y corregir las sentencias de nuestros Tribunales para lograr la impunidad de los delincuentes de su entorno y su supervivencia en el poder.
La jugada que ahora se trae entre manos, tras exonerar a los chorizos de los ERE y avalar la amnistía catalana, es librar a su otro esbirro García Ortiz de la condena del Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. Para ello, la fiscalía general ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional pretendiendo que anule la reciente sentencia, como si fuera una sala de revisión del Tribunal Supremo. Y la ponente será la magistrada María Luisa Segoviano, grabada públicamente hace poco besando y dando “mucho ánimo” al susodicho tras su condena penal.
La tiranía de Sánchez y de los tragasables a su servicio implica la desvergüenza de que una experta en Derecho laboral -y amiga cercana del reo- va a revocar ilegalmente una sentencia elaborada por nuestros mejores especialistas en Derecho penal. Una odontóloga operando de fimosis, pero al menos no gobierna la derecha. Begoña y David vendrán después.
PUBLICADO EN MALLORCADIARIO.COM EL 27 DE ABRIL DE 2026.