Marco Tulio Cicerón nunca puso la amistad o su conveniencia por encima de lo justo. Ni por encima de los intereses de su amada Roma, que con sus mejores energías y su desbordante talento siempre había defendido, con una dignidad extrema que le acabó costando la vida.
Cuenta Stefan Zweig en “Momentos estelares de la humanidad” que el primer humanista de Roma, maestro de la oratoria (autor de las “Filípicas” y las “Catilinarias”) y defensor de la Justicia, se afanó durante décadas por servir a la Ley heredada de sus mayores y por mantener a la República. Cicerón, escritor de tratados y de discursos inmortales, el primer ensayista de la historia con permiso de Montaigne, fue amigo de Julio César, de Marco Antonio y de Octavio Augusto, personajes históricos que se disputaron el poder de Roma en el sangriento tránsito de la República al Imperio. Pero sus críticas hacia las actitudes tiránicas nunca se vieron rebajadas por la amistad, por su pérdida de relevancia pública ni por el exilio.
Tras la muerte de César, el ascenso de Antonio y las traiciones de Augusto, Cicerón fue asesinado por sicarios del segundo -un cruel y despiadado General- tras criticar públicamente sus ansias dictatoriales y la pérdida de los valores republicanos. Para infligirle aún mayor humillación, Marco Antonio ordenó cortar al cadáver la cabeza y las manos, exhibiéndolas en la tribuna de los Rostra del Foro Romano, donde Cicerón había tenido sus mayores éxitos. Luego Fulvia, la mujer del dictador, atravesó su lengua con varios alfileres del pelo, en macabro acto de venganza contra el escarnio que sus discursos había producido en quienes usurparon la República romana.
En contraste con esa dignidad heroica, les propongo ahora la lectura de algunas frases extraídas de la reciente Sentencia nº 35/2021, de 31 de marzo de 2021, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 8 de la Audiencia Nacional: …“La motivación de la propuesta de cese no es real o, al menos, no se ajusta a la realidad”,… “el cesado informó de lo que debía informar y no informó de lo que no conocía, ni debía ni podía informar; si hubiera conocido esos detalles y los hubiera comunicado hubiera cometido un delito de revelación de secretos”,….”es indiscutible que, a pesar del deber legal de reserva y de la orden expresa de la Magistrada (que investigaba el 8-M), se cesó al recurrente por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil”,….”el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban”,… “esa motivación de la destitución es ilegal; estamos ante un claro ejercicio desviado de la potestad discrecional”,… “el actuar discrecional (del Ministerio del Interior) no puede ser un medio para atentar contra la legalidad o menoscabar la legalidad a la que todos, en definitiva, estamos sujetos; es por ello que el ejercicio de las potestades discrecionales (cesar al Coronel Pérez de los Cobos) está sujeto al control jurisdiccional”.
Así ha hablado un Juez sobre el comportamiento de otro Juez -el actual Ministro del Interior, y anterior ejerciente en la misma Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska– en la Sentencia antes indicada. Dicha resolución judicial, hoy recurrida a la desesperada por el Ministerio, ha revocado la destitución por parte de Interior del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el Coronel Diego Pérez de los Cobos, producida el 24 de mayo de 2020, a raíz de las investigaciones judiciales que se estaban llevando a cabo sobre la polémica manifestación del 8-M en los albores de la pandemia del coronavirus.
La sentencia contiene una clarísima acusación -blanco sobre negro- al Ministerio del Interior de incumplir flagrantemente la Ley para informar a Pedro Sánchez de por dónde andaba metiendo las narices la Guardia Civil –siguiendo órdenes judiciales- en la investigación de los pormenores de la controvertida manifestación del Día de la Mujer del año pasado. Porque el ambicioso Marlaska, cuando alguien –en estricto cumplimiento de su deber- se negó a contarle lo que no le podía contar, lo fulminó de forma instantánea. Los caprichos de un Ministro que fue -en otros tiempos- referente judicial en la lucha contra el terrorismo, pero al que la pesada dignidad de la toga le ha durado lo que tardó en tocar poder. Un poder que, por cierto, ya porfió por alcanzar ofreciéndose al PP en tiempos de Mariano Rajoy, pero que el pontevedrés –desconfiado y receloso por naturaleza- nunca quiso otorgarle en su momento.
Pérez de los Cobos, brillante y respetado miembro de la Benemérita, escribió a sus compañeros tras conocer la Sentencia: “ha sido una batalla de David contra Goliat, pero hemos conseguido demostrar que en España todavía hay una Justicia independiente, lo que a estas alturas no es poco”. No obstante, el destrozo al Estado de Derecho ya está hecho. Porque, tras el revolcón judicial, ni Marlaska ha dimitido ni Sánchez –el inductor- le ha cesado, con el riesgo evidente de que un día abandone la política y retorne vergonzosamente a juzgar a sus semejantes en la carrera judicial.
El famoso matador de toros Juan Belmonte, al que biografió el insigne cronista republicano Manuel Chaves Nogales, fue preguntado una vez acerca de su antiguo banderillero Juan Miranda, quien -en una carrera política realmente meteórica- había llegado en la posguerra a ser Gobernador Civil de Huelva. Inquirido el maestro Belmonte sobre cómo era posible que un banderillero suyo alcanzase tan alto cargo en tan poco tiempo contestó: “pues cómo va a ser, degenerando”.
Hoy no cabe duda de la degeneración que supone hasta en los más reconocidos espíritus jurídicos el desempeño de la actividad política. Deshonrando el espíritu de Cicerón, un antaño prestigioso Juez como Marlaska, que cuando investigaba el “caso Faisán” ordenó a la Guardia Civil “sólo informar de sus pesquisas a este Juzgado, pero nunca a sus superiores”, ha llevado a la práctica lo que hace ya años anticipó su colega Cándido Conde-Pumpido. Manchar para siempre su vieja toga con “el polvo del camino”.
Por Álvaro Delgado Truyols
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