John Godfrey Sax, poeta estadounidense del siglo XVIII, acuñó una gráfica frase luego popularizada por el canciller alemán Bismarck: “Las leyes, como las salchichas, dejan de inspirar respeto cuando se sabe cómo están hechas”.

En España, el catedrático de Filosofía del Derecho Virgilio Zapatero, Ministro en los Gobiernos de Felipe González entre 1986 y 1993, publicó una monografía denominada “El arte de legislar” (2009), articulada en torno a dos ideas esenciales. La primera, la necesaria intervención del Estado en la sociedad mediante normas para corregir las injusticias derivadas del funcionamiento del mercado. Y la segunda, que las normas constituyen las más dignas herramientas de dicha intervención estatal, y nunca deben ser entendidas como una mera manifestación de poder sino -como se decía en la Ilustración- como la expresión de “una voluntad alumbrada por la razón”.

Ha bastado que pasaran tres meses desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (conocida vulgarmente como “ley del sólo sí es sí”), para que centenares de juzgados españoles hayan rebajado las penas a casi ya 200 agresores sexuales condenados por sentencias firmes antes de existir esta norma. Mientras las autoras de esa desafortunada Ley, una banda de irresponsables populistas instaladas alegremente en el Ministerio de Igualdad, llamaba a los jueces españoles a “formarse” y a “abandonar sus actitudes machistas”.

Han bastado también escasos días desde de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de reforma del Código Penal en materia de los delitos de sedición y malversación, para que un Auto del Magistrado Pablo Llarena, riguroso instructor del Tribunal Supremo, desmonte de forma vergonzante las triquiñuelas del actual Gobierno invocando una “armonización” de nuestra normativa penal con las legislaciones europeas, además de echar por tierra las aspiraciones presidenciales de librar a los líderes del procés de sus principales condenas penales antes de las próximas elecciones.

El Gobierno de Pedro Sánchez se está encontrando actualmente con dos problemas imprevistos. Uno, que manejar bien el Derecho -por mucho que actualmente se vulgarice- no resulta tarea sencilla, estando más al alcance de profesionales estudiosos -asesorados por los pertinentes órganos consultivos- que de demagogos ávidos de likes o titulares de prensa subvencionados. El segundo serio problema es que, afortunadamente, no todos los jueces son Pumpidos, y que las consecuencias de sus graves errores legislativos -que por soberbia no quieren corregir- van a explotar todas juntas en plena época preelectoral.

Elaborar buenas leyes no es algo que pueda hacerse con prisas, ni encomendarse a engreídos ministrillos o sus ambiciosos subalternos. Las leyes son instrumentos de precisión en los que, cuando retocas alguna pieza, alteras diferentes mecanismos legales interconectados con ella. Redactarlas debidamente exige tener el ordenamiento jurídico en la cabeza, además de perseguir esa “luz de la razón” que reclamaba Virgilio Zapatero.   Lamentablemente, hoy se dedica a trastear con las leyes gente cegada por su sectarismo ideológico y necesidad de poder. Y luego, les salen como salchichas.

 

P.D.: El Comisario de Justicia, Didier Reynders, ha anunciado que Europa analizará si la reforma española del delito de malversación, con la rebaja de penas a los corruptos, “pone en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea”, lo que puede resultar decisivo a la hora de enviarnos más fondos europeos. Y dice Sánchez que nos estamos homologando con ellos……

PUBLICADO ORIGINARIAMENTE EN MALLORCADIARIO.COM EL 23 DE ENERO DE 2023.

Por Álvaro Delgado Truyols