La batalla sobre la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial no es una discusión política más. Se trata de un asunto capital, que ha provocado la visita admonitoria del Comisario de Justicia de la Unión Europea, el belga Didier Reynders, quien echó la bronca por separado a ambos púgiles en combate -nuestros dos partidos mayoritarios- instando a que el sistema de elección de los jueces españoles se acomode de una vez a los estándares europeos.

Como les supongo preocupadísimos por esta prolongada polémica, ya que nuestra Ministra de Justicia, la Magistrada Pilar Llop, dijo que “los ciudadanos han entendido la trascendencia de la renovación del CGPJ, porque yo misma les oigo comentar el tema en el metro”, voy a tratar de explicarles por qué se está librando entre PSOE y PP tal enconado combate, y lo que todos nos estamos jugando entre bambalinas de la discutida renovación del poder judicial.

Comencemos por una breve cronología legislativa. El artículo 122 de la Constitución de 1978 establece que el CGPJ será regulado por una Ley Orgánica, presidido por el Presidente del Tribunal Supremo e integrado por veinte vocales elegidos por un periodo de cinco años, de los cuales doce serán nombrados entre los Jueces y Magistrados, cuatro por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado. La imprecisa redacción de este precepto constitucional, al decir que los vocales judiciales serían elegidos “entre” los Jueces pero no “por” los Jueces, ha dado lugar al tremendo desbarajuste posterior.

Gobernando Felipe González, se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial (1985), cumplimentando lo exigido por el anterior artículo de la Constitución. Pero el artículo 112 de dicha Ley retorcía la interpretación de la norma constitucional, determinando que los doce vocales de la carrera judicial serían elegidos seis por el Congreso y seis por el Senado, por una mayoría de tres quintos, “entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo”. Por la puerta de atrás, como hace habitualmente la izquierda, la invasión del poder político en el poder judicial estaba ya consumada. Los veinte vocales del CGPJ iban a ser elegidos por las mayorías políticas parlamentarias que, en cada momento de renovación, estuvieran vigentes en el Congreso y el Senado.

Resulta algo indiscutible que, pese a su desafortunada redacción, nuestra Constitución no quería que el CGPJ fuese la sucursal política de los sucesivos partidos con mayoría parlamentaria. Y así lo reconoció el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 108/1986, de 29 de julio. Pese a ello, y desde 1985, la elección de los veinte vocales del CGPJ ha estado sometida a los vaivenes de la política, sin que el PSOE ni el PP, cuando dispusieron de holgadas mayorías absolutas con Aznar, Zapatero y Rajoy, hicieran nada por retornar al espíritu constitucional.

La culpa de la situación en la que hoy estamos, con el mandato del CGPJ caducado desde diciembre de 2018 y sin acuerdo suficiente para su renovación, corresponde indudablemente a los dos partidos mayoritarios. Ninguno ha cambiado nada cuando ha tenido las mayorías suficientes para hacerlo, condicionados por sus alianzas políticas coyunturales y el enjuiciamiento de sus respectivos casos de corrupción. Aunque, dicho alto y claro lo anterior, sería injusto no reconocer un mayor grado de responsabilidad del PSOE. Suya fue la tramposa reforma legal que creó el problema, y suyo es el Gobierno actual que lo podría solucionar (aunque con acuerdo del PP, por la exigencia de una mayoría de tres quintos) en el momento de la vergonzosa regañina dispensada por la Unión Europea.

Pese a ello, no crean que toda nuestra Justicia está politizada. La mayoría de Jueces y Magistrados españoles son personas independientes, que desempeñan su delicada labor alejados de esas infames batallitas políticas. Sólo el acceso a la cúpula judicial (Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunales Superiores de Justicia), al que todo integrante de la carrera debería poder aspirar por antigüedad y estrictos méritos profesionales, está controlado por el CGPJ y sus facciones políticas.

Pero es en la cúpula judicial donde nuestros políticos se la juegan, ya que en esos Altos Tribunales se enjuician sus asuntos más polémicos. Y por ello los quieren controlar. A Sánchez le importa bastante poco la renovación del CGPJ, pero necesita colocar una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, presidida por su incondicional Conde-Pumpido, porque allí se va a dictaminar sobre su negligente gestión y abusos durante la pandemia, sus leyes más ideológicas y un posible referéndum de independencia en Cataluña. Y sus socios le exigen retocar la Constitución por la puerta trasera, forzando a conveniencia su interpretación sin tocar una coma, porque no dispone de mayorías suficientes para su reforma.

Sánchez precisa todo ello como el comer para prolongar su carrera política. Y Feijóo, que lo sabe, se niega. En esas estamos.

PUBLICADO ORIGINARIAMENTE EN MALLORCADIARIO.COM EL 10 DE OCTUBRE DE 2022.

Por Álvaro Delgado Truyols