La batalla del “relato” ha sido siempre una de las más hábilmente libradas por la izquierda española. Nunca importa de verdad cómo gobierna realmente pues siempre ha logrado transmitir, por encima de los hechos, una edulcorada forma de contarlos y una recurrente descalificación del carácter antidemocrático de sus adversarios. Algo fácilmente comprobable tras los recientes accidentes ferroviarios, en los que la principal preocupación del Gobierno no ha sido ayudar a las víctimas a esclarecer la verdad, sino generar una argumentación confusa con la intención de eludir cualquier responsabilidad.
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Una de las señas de identidad del Govern balear de Marga Prohens ha sido la bajada de impuestos afectantes a las familias, en especial los relativos a herencias y donaciones entre parientes cercanos. Y así, su ejecutivo ha implementado un plan concebido en tal sentido, que ha tenido su colofón con la Ley 6/2025, de 23 de julio pasado, que introdujo no solo mayores rebajas en las herencias o en los pactos sucesorios en vida, sino también en las donaciones efectuadas entre varios grupos de familiares próximos.
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Cualquier persona que haya tramitado en los últimos tiempos algún asunto ante las Administraciones públicas, especialmente después de la pandemia, habrá comprobado en carne propia la pesadilla que ello representa. Nuestras actuales Administraciones, concebidas originariamente para servir a los ciudadanos y financiadas religiosamente por éstos, parecen hoy organizadas para darse servicio a sí mismas. Trámites que no acaban, demoras injustificables en miles de expedientes, mostradores y funcionarios que nunca atienden, horarios cada vez más limitados, exigencias de cita previa en oficinas vacías, sobrecarga de personas y departamentos, y multiplicidad de organismos, cargos y funciones son algunas de las características que podemos comprobar tras realizar cualquier trámite administrativo.
El veterano periodista Miguel Ángel Aguilar recordaba recientemente, en una columna publicada en Vozpópuli, que el colaborador de prensa y radio Víctor Márquez Reviriego, legendario redactor jefe del semanario Triunfo y gran cronista político de nuestra Transición, decía que “en España siempre ha habido mucho antifranquista póstumo”.
El genial Edgar Allan Poe describió en “La caída de la casa Usher”, con intenso barroquismo y múltiples recursos estilísticos, el declive vital de un excéntrico artista recluido en un viejo caserón con la única compañía de una hermana igualmente delicada de salud. Esa conocida narración representa una alegoría de la decadencia, la enfermedad y la muerte que concluye con un desenlace impactante, constituyendo un precedente magistral de otras obras literarias y cinematográficas del género de terror.
El 2026 ha comenzado informativamente intenso con la captura de Nicolás Maduro por un comando norteamericano el pasado día 3 de enero en Caracas. Aunque es demasiado pronto para valorar las consecuencias de la aprehensión del dictador venezolano, considero oportuno destacar algunos hechos que llaman bastante la atención entre lo comentado por la opinión pública.
Hace poco más de un año publiqué en este digital una columna de opinión titulada “El luminoso ejemplo de Chile”. En ella loaba el ejemplo dado al mundo por los políticos chilenos tras el fallecimiento -en desgraciado accidente de helicóptero- del expresidente centroderechista Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), cuyo funeral de Estado generó -además de desbordantes muestras de cariño popular- una demostración modélica de reconciliación política nacional con la presencia junto al féretro de todos los ex presidentes vivos (a excepción del enfermo Ricardo Lagos).
Vivimos una época desconcertante en la que los principios que guiaron la vida de muchos ciudadanos se han ido desvaneciendo (respeto, trabajo, perseverancia, esfuerzo, paciencia, mérito, educación, valores) y en la que nuestro país ha experimentado una sorprendente doble colonización: por un lado, la política ha colonizado todos los aspectos de la vida de los españoles y, por otro, unos parásitos carentes de moral han colonizado -con escasas excepciones- la política española.
España afronta el final de 2025 en momento crítico de deterioro institucional. Con un gobierno sin mayoría para legislar y que no puede aprobar presupuestos desde 2023, con un presidente acosado familiar y personalmente por múltiples casos de corrupción y machismo, con un fiscal general condenado por el Tribunal Supremo por participar ilegalmente en la refriega política, con unos socios de investidura que tratan de prolongar la agonía gubernamental saqueando lo que queda de España, y con las principales instituciones del Estado colonizadas por esbirros del poder nuestros niveles de calidad democrática se encuentran en el punto de mayor deterioro conocido desde la instauración del régimen constitucional.
El nutrido equipo de opinión sincronizada al servicio del Gobierno viene difundiendo un tendencioso mensaje desde que se conoció la condena penal al fiscal general del Estado. Mensaje que sugiere una confrontación entre dos supuestos bandos muy definidos en el complejo mundo de nuestra Justicia: los “buenos” fiscales progresistas y los “malos” jueces franquistas.