El deterioro institucional de España ha alcanzado esta pasada semana un hito más con el envío a juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta comisión de un grave delito de revelación de secretos.
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En esta extraña época de construcción de “relatos” y ocultamiento sistemático de la verdad, uno de los eslóganes puesto en circulación por el independentismo catalán es el de que “Espanya ens roba”, proclamando que el resto de los españoles aprovecha injustamente la riqueza generada por Cataluña. Ahí está la base del llamado “cupo” catalán, con el que ERC y Junts pretenden chantajear a Sánchez a cambio de los votos necesarios para su permanencia en el poder.
En el reciente debate del Congreso de los Diputados sobre la corrupción, la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, recordando el fallecimiento de su padre -veterano sindicalista gallego- acaecido el día anterior, dijo textualmente en la tribuna: “hoy subo aquí en nombre de mi padre, que no quería que jamás gobernaran las derechas en nuestro país”.
A la espera de los informes de la UCO anunciados sobre Francina Armengol, el hecho de que Pedro Sánchez nombrara recientemente Secretaria de Estado de Seguridad a Aina Calvo anticipa que, ya en su propio partido, andan preparando sucesora por lo que pueda caer.
Hace tres semanas esbocé en esta columna un ejercicio de política ficción planteando la posibilidad de que el actual presidente del Gobierno, cercado por numerosos asuntos de corrupción, no convocara elecciones al vencimiento de su mandato y pretendiera continuar protegiéndose en el poder.
Vivimos en un país tan polarizado que muchos de nuestros compatriotas suelen tranquilizar sus conciencias acudiendo siempre por sistema a la falsa contraposición. Si alguien está en contra de la actuación del gobierno de izquierdas es porque es un fascista redomado. Si alguien no simpatiza con postulados del separatismo vasco o catalán esconde un enfermizo nacionalista español. Si uno critica las doctrinas del feminismo radical es un machista de manual. Si a uno le gusta el fútbol que practica el Barcelona es un antimadridista fanático. Y así funciona casi todo con la mayoría de cerebros binarios que proliferan en el pueblo español.
La democracia liberal nació a finales del siglo XVIII como el gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, en inmortal frase de Abraham Lincoln -pronunciada en su famoso discurso de Gettysburgh- basada en el “We, the people” de la Constitución norteamericana de 1787, cuyo preámbulo dice así: “Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el fin de formar una Unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, atender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros mismos y para nuestra posteridad, por la presente promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América”.
Comprobado en los últimos tiempos el baremo moral de quienes hoy gobiernan España, al que se añade su capacidad para manipular normas, controles e instituciones, voy a plantearles una hipótesis política en principio descabellada. O no, como diría el gallego Rajoy, conociendo el afán de lo que llamamos “sanchismo” para aferrarse desesperadamente al poder. Con la expresa advertencia de que se trata, solamente, de un ejercicio de política-ficción.
Dos recientes escritos de nuestros Tribunales acaban de revelarnos la irrefrenable tendencia de algunos jueces españoles a introducir argumentaciones políticas en delicadas resoluciones judiciales, con el fin de satisfacer anhelos ideológicos o hacer méritos frente al poder.
La maniobra efectuada por el ex presidente de la Diputación de Badajoz -y líder del PSOE en Extremadura- Miguel Ángel Gallardo para forzar su aforamiento horas antes de que la jueza Biedma le mandase a juicio en compañía de David Sánchez revela el escaso respeto que muestra el sanchismo por el mundo de las Leyes. Y nadie duda que esa sorprendente cabriola -tuvo que dimitir una diputada socialista, y también renunciar ante notario cuatro personas que le precedían en listas para lograr que fuera diputado autonómico- venía firmemente ordenada por “cerebros” de La Moncloa.