El blanqueamiento de la banda terrorista ETA y de sus actuales herederos políticos, debido a la necesidad coyuntural de Pedro Sánchez para conservar el poder, constituye otro elemento a destacar en la ineludible batalla cultural que debe librarse contra la falsa superioridad moral de la izquierda. Si nuestras Cortes han legislado para imponer una “memoria democrática” relativa a más de ochenta años atrás, resulta difícilmente explicable que escondamos a los jóvenes españoles los crímenes de una banda terrorista que mató a 853 personas hasta hace escasamente una década.
Autor: Álvaro Delgado Truyols Página 2 de 35
Érase un lugar tan triste y polarizado que quienes debían hablar siempre callaban y quienes más tenían que callar largaban como deslenguados. Uno de éstos últimos era un personaje de fábula, veterano justiciero popular demasiado bien tratado para sus méritos personales y profesionales, al que los medios encumbraron y sus superiores nunca se atrevieron a sancionar pese a surfear habitualmente las leyes como un tablista de Nazaré.
Otro de los falsos mitos a combatir es la “leyenda negra” de la Hispanidad, promovido por todos los enemigos de España. En conferencia pronunciada este año en Palma, el historiador argentino Marcelo Gullo defendió que «España no conquistó América, sino que liberó América”. Contó que Hernán Cortés llegó a México con setecientos soldados y escasos caballos, y aglutinó a cien naciones indígenas oprimidas por la tiranía antropófaga de los aztecas de Moctezuma, que les exigían sacrificios humanos y se comían los cadáveres sacrificados. Luego España fomentó centenares de hospitales, colegios, universidades, ciudades y edificios monumentales, la mayoría hoy declarados Patrimonio de la Humanidad (algo que nunca hicieron los colonizadores ingleses, franceses, portugueses, holandeses o belgas) porque consideró las tierras americanas como provincias del propio país, concediendo a sus habitantes los mismos derechos que los ciudadanos metropolitanos, y promovió matrimonios interraciales.
A Pedro Sánchez le preocupan tanto Gaza y los gazatíes que si tuviera que bombardear la franja para conservar unos meses más la silla presidencial lo ordenaría sin mover un músculo de su jeta maquillada. La mayor demostración práctica de la inmoralidad presidencial la tenemos en su antigua defensa del pueblo saharaui -tan musulmán, perseguido, minoritario y honorable como el gazatí-, que se esfumó de un día para otro cuando Marruecos le apretó ciertas tuercas que los españoles nunca conocimos.
La insuficiente victoria electoral del Partido Popular, que presentó un candidato conciliador que elude habitualmente todo combate ideológico exhibiéndose como un adalid de la moderación y de la buena gestión hace replantear, una vez más, la necesidad de que toda la derecha española emprenda frente al bloque de la izquierda una imprescindible batalla cultural que contrarreste las enormes manipulaciones históricas y falsedades informativas que éstos manejan sin cesar.
En “El asesinato de Aristóteles”, Marcos Chicot describe cómo demagogos ambiciosos generaron entre la población de la Atenas clásica un odio visceral hacia el mayor sabio de la Antigüedad empleando un argumento peregrino: el haber sido tutor de Alejandro Magno quien, bastantes años después, amenazaba con conquistar la ciudad. Utilizando información sesgada, convencieron al populacho de que las ansias de conquista del Rey macedonio le habían sido inoculadas por Aristóteles, de quien desconfiaban por la influencia social de su sabiduría y por no ser ciudadano ateniense sino “meteco”, extranjero nacido en la ciudad de Estagira que había sido conquistada por Macedonia.
Los casos de corrupción que afectan al entorno más cercano de Pedro Sánchez presentan -aparte de conexiones personales- interesantes caracteres comunes. En especial, algo que los diferentes imputados repiten continuamente entre críticas veladas a los jueces que les investigan: su voluntad de colaborar con la Justicia. Pero veamos qué representa exactamente para ellos “colaborar con la Justicia”, sin prejuzgar su derecho constitucional a la presunción de inocencia, que los ciudadanos debemos respetar hasta que sean juzgados o sobreseídos.
Un reciente estudio publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), titulado “Competitividad fiscal empresarial 2025: El nuevo indicador de la contribución fiscal empresarial total”, explica negro sobre blanco la cruda realidad de la presión fiscal en España. Para el IEE, la contribución fiscal total en España con relación al PIB sube al 17,8%, por encima de la media europea que está en el 14,8%, y sobrepasando en mucho la media de la OCDE que se queda en el 13%. Y las empresas españolas son las que más aportan a la recaudación fiscal, tanto de forma directa como indirecta, con una contribución que alcanza el 48,8%, mientras que la media de la Unión Europea es del 39,4%.
El desembarco masivo de pateras producido este verano en Baleares obliga a realizar una reflexión sobre el problema de la inmigración irregular -no aquella en la que los extranjeros vienen legalmente con un contrato de trabajo, que bienvenidos sean dadas nuestras necesidades laborales- en la que huyamos de todo extremo que represente rechazo, demagogia, buenismo o alejamiento de la realidad.
El estricto cumplimiento de la maraña de normas que constituye el ordenamiento jurídico español es algo que lleva habitualmente de cráneo al común de los ciudadanos. Por ello, una gran mayoría de empresas ha necesitado contratar servicios de Compliance que controlen sus índices de cumplimiento normativo y gestionen sus riesgos regulatorios. Nadie parece poder escapar a esa caótica hiperlegislación que constriñe sin piedad nuestras vidas cotidianas y nuestros negocios abiertos al público. ¿Nadie? Nadie no. Como decían los míticos cuentos de Astérix y Obélix, “hay una aldea gala que todavía resiste al invasor”.