La maniobra efectuada por el ex presidente de la Diputación de Badajoz -y líder del PSOE en Extremadura- Miguel Ángel Gallardo para forzar su aforamiento horas antes de que la jueza Biedma le mandase a juicio en compañía de David Sánchez revela el escaso respeto que muestra el sanchismo por el mundo de las Leyes. Y nadie duda que esa sorprendente cabriola -tuvo que dimitir una diputada socialista, y también renunciar ante notario cuatro personas que le precedían en listas para lograr que fuera diputado autonómico- venía firmemente ordenada por “cerebros” de La Moncloa.

El presidente Pedro Sánchez y su equipo de asesores tienen un concepto del Derecho y de las instituciones jurídicas toscamente elemental y meramente instrumental: son un mecanismo más para lograr su único fin, que es la permanencia en el poder. Pero, a medida que retuercen y manipulan sin ningún pudor normas, figuras e instituciones van dejando largo rastro de su torpe y desmañado manejo jurídico. Nadie podrá discutir que no sean pillos y resistentes, aunque siempre actúen precipitados -será la preocupación por los numerosos frentes de corrupción- y pésimamente asesorados por juristas muy cortoplacistas.

Para empezar, el aforamiento sobrevenido de Gallardo, que no sabemos si ha sido consumado legalmente -se exige su juramento a la Constitución en un pleno del parlamento de Extremadura, que aún no se había celebrado cuando se publicó el Auto judicial-, podría ser impugnado por manifiesto fraude de Ley. Esa maniobra forzada para distorsionar el juez natural que predetermina el artículo 24.2 de la Constitución constituye una anomalía jurídica que ha sido criticada en un comunicado publicado el 18 de mayo por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, y puede dar lugar a impugnaciones por constituir un acto fraudulento, pues se utiliza una norma (la del aforamiento de los diputados) para eludir espuriamente la aplicación de otra (la Constitución española) logrando que los imputados puedan irregularmente “elegir” al Tribunal que les tiene que juzgar, a diferencia del común de los españoles.

Pero sucede también aquí que esa maniobra desesperada del sanchismo para que a Miguel Ángel Gallardo -y tal vez a David Sánchez– los juzgue el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en lugar de la Audiencia Provincial de Badajoz (que les parecía poco favorable al haber avalado, varias veces, la instrucción de la jueza Biedma) puede acarrear un grave inconveniente procesal escasamente valorado por los apurados asesores de Moncloa.

El penalista José María de Pablo ha publicado en X que “cada uno es muy libre de escoger la estrategia que quiera, pero, en mi opinión jurídica, forzar el aforamiento (que implica renunciar al recurso de apelación contra una hipotética sentencia condenatoria) es un error. Una persona no aforada tiene tres oportunidades para ser absuelta: instancia, apelación y casación. Un aforado pierde la apelación. Y el recurso de casación es un recurso tasado en el que no se puede alegar cualquier cosa”.

A ver si pasándose de pillos les acaba saliendo fatal esa temeraria jugada.

PUBLICADO EN MALLORCADIARIO.COM EL 26 DE MAYO DE 2025.

Por Álvaro Delgado Truyols