El genial Edgar Allan Poe describió en “La caída de la casa Usher”, con intenso barroquismo y múltiples recursos estilísticos, el declive vital de un excéntrico artista recluido en un viejo caserón con la única compañía de una hermana igualmente delicada de salud. Esa conocida narración representa una alegoría de la decadencia, la enfermedad y la muerte que concluye con un desenlace impactante, constituyendo un precedente magistral de otras obras literarias y cinematográficas del género de terror.
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El 2026 ha comenzado informativamente intenso con la captura de Nicolás Maduro por un comando norteamericano el pasado día 3 de enero en Caracas. Aunque es demasiado pronto para valorar las consecuencias de la aprehensión del dictador venezolano, considero oportuno destacar algunos hechos que llaman bastante la atención entre lo comentado por la opinión pública.
Hace poco más de un año publiqué en este digital una columna de opinión titulada “El luminoso ejemplo de Chile”. En ella loaba el ejemplo dado al mundo por los políticos chilenos tras el fallecimiento -en desgraciado accidente de helicóptero- del expresidente centroderechista Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), cuyo funeral de Estado generó -además de desbordantes muestras de cariño popular- una demostración modélica de reconciliación política nacional con la presencia junto al féretro de todos los ex presidentes vivos (a excepción del enfermo Ricardo Lagos).
España afronta el final de 2025 en momento crítico de deterioro institucional. Con un gobierno sin mayoría para legislar y que no puede aprobar presupuestos desde 2023, con un presidente acosado familiar y personalmente por múltiples casos de corrupción y machismo, con un fiscal general condenado por el Tribunal Supremo por participar ilegalmente en la refriega política, con unos socios de investidura que tratan de prolongar la agonía gubernamental saqueando lo que queda de España, y con las principales instituciones del Estado colonizadas por esbirros del poder nuestros niveles de calidad democrática se encuentran en el punto de mayor deterioro conocido desde la instauración del régimen constitucional.
En un proceso histórico en una democracia occidental, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por la comisión de un delito de revelación de secretos. Se le condena por la filtración a cierta prensa afín al Gobierno de la situación tributaria de un particular, Alberto González Amador, para contribuir al “relato” promovido por Moncloa -cuando se destaparon los trapicheos de Begoña Gómez– destinado a perjudicar a quien luego se convirtió en su pareja sentimental, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.
Acabe como acabe el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, las intervenciones de los protagonistas en las diferentes sesiones -retransmitidas por diversos medios de comunicación- permiten formular algunas reflexiones con base jurídica conscientemente alejadas del ensordecedor ruido mediático.
Hace escasos días ha salido a la venta, editada por Aferré, mi última monografía titulada como el presente post, “El Trust en España”, que me gustaría comentar brevemente para los lectores de este blog por su interés práctico en el mundo del derecho patrimonial. El Trust es la aportación más importante al Derecho universal de la cultura jurídica anglosajona, y ha demostrado ser una herramienta versátil y eficiente para la gestión y protección de patrimonios con todo tipo de finalidades. Con un origen medieval, ha evolucionado adoptando diversas formas y estructuras en diferentes países y jurisdicciones, con interesantes adaptaciones a la mayoría de los países de Derecho civil.
El blanqueamiento de la banda terrorista ETA y de sus actuales herederos políticos, debido a la necesidad coyuntural de Pedro Sánchez para conservar el poder, constituye otro elemento a destacar en la ineludible batalla cultural que debe librarse contra la falsa superioridad moral de la izquierda. Si nuestras Cortes han legislado para imponer una “memoria democrática” relativa a más de ochenta años atrás, resulta difícilmente explicable que escondamos a los jóvenes españoles los crímenes de una banda terrorista que mató a 853 personas hasta hace escasamente una década.
Érase un lugar tan triste y polarizado que quienes debían hablar siempre callaban y quienes más tenían que callar largaban como deslenguados. Uno de éstos últimos era un personaje de fábula, veterano justiciero popular demasiado bien tratado para sus méritos personales y profesionales, al que los medios encumbraron y sus superiores nunca se atrevieron a sancionar pese a surfear habitualmente las leyes como un tablista de Nazaré.
Otro de los falsos mitos a combatir es la “leyenda negra” de la Hispanidad, promovido por todos los enemigos de España. En conferencia pronunciada este año en Palma, el historiador argentino Marcelo Gullo defendió que «España no conquistó América, sino que liberó América”. Contó que Hernán Cortés llegó a México con setecientos soldados y escasos caballos, y aglutinó a cien naciones indígenas oprimidas por la tiranía antropófaga de los aztecas de Moctezuma, que les exigían sacrificios humanos y se comían los cadáveres sacrificados. Luego España fomentó centenares de hospitales, colegios, universidades, ciudades y edificios monumentales, la mayoría hoy declarados Patrimonio de la Humanidad (algo que nunca hicieron los colonizadores ingleses, franceses, portugueses, holandeses o belgas) porque consideró las tierras americanas como provincias del propio país, concediendo a sus habitantes los mismos derechos que los ciudadanos metropolitanos, y promovió matrimonios interraciales.